Ley de tasas para el acceso a la Administración de Justicia

Hay leyes que pasan desapercibidas sin quitar por ello importancia a su regulación y aplicación y otras Leyes que desde antes de su aplicación ya pecan, como menos de inconstitucional, controversión, falta de lógica e INJUSTICIA.

Como no, estamos hablando de  la famosa Ley 10/12 que regula la ley de tasas  para poder acceder a la administración de justicia. Como no, se pretendía resolver con ella la sobresaturación de la administración de justicia que se solventaría con  más personal y profesionalidad, pero parece ser que la partida presupuestaria para el poder judicial, tal como la de sanidad o educación tienen que si o si reducirse al coste que sea.

Pero en cambio, la entrada en vigor de dicha ley y de sus errores y omisiones ( las cosas hechas con prisas…)  supone una absoluta discriminación y violación de derechos, una justicia para ricos y justicia para pobres, si no estuviera ya la sociedad bastante distanciada ya en estos momentos que nos está tocando vivir a TODOS.

Vulnera gravemente entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva. Los profesionales del derecho   y los respectivos colegios profesionales que nos apoyan  seguimos reclamando la devolución de las tasas ya abonadas y formulando ante los diferentes organismos los planteamientos para solventar esas discriminaciones interesando, que existan exenciones o en todo caso  modulación de los importes, atender al caso concreto o a la capacidad de quien accede a la justicia…,etc.

Los problemas de la justicia cuyas peculiar solución esta provocado más si cabe mayores perjuicios  a todos profesionales, particulares, empresas, y como no al poder judicial.

Por dicho motivo no tendría que ser necesario acudir a la vía contenciosa, ni a la vía de inconstitucional  ni al amparo si se debieran tener en cuenta  las impugnaciones que se han formulado al objeto de para solicitar la devolución de las cantidades en concepto de tasas abonadas. Como antes nunca se habia visto  deben aunarse las fuerzas  con el fin de que sea derogada y resultar inaplicable la meritada ley.

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